Con la nueva reforma a la Constitución de la Ciudad de México en materia de propiedad privada, publicada el pasado 2 de septiembre, han surgido múltiples reacciones que reflejan la preocupación por el sector inmobiliario y su futuro ante la idea de que el Estado es dueño de los bienes inmuebles de los y las habitantes de la capital.
El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, dió a conocer el pasado lunes sobre la publicación en la Gaceta Oficial de la reforma al artículo tercero de la Constitución de la Ciudad de México, con el objetivo de homologar el principio de propiedad basado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esta manera, no solo se pretende proteger la propiedad privada, sino también la pública y social, de acuerdo a los valores que promueve el actual gobierno en mando.
Batres señaló que la redacción sobre la reforma anterior corría el riesgo de una interpretación en contra del interés público, por parte del Poder Judicial, mismo que advirtió el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez. El Jefe de Gobierno determinó que la reforma se encuentra establecida en el numeral dos del artículo tercero de la Constitución capitalina, misma que habla sobre los principios rectores que asume la Ciudad.
Anteriormente, la Constitución de la Ciudad de México señalaba que “La Ciudad de México asume como principios el respeto a la propiedad privada”, pero con la nueva reforma se entiende que “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la Nación, la cual, ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”. En este mismo artículo también se decreta que la nación contará siempre con el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, al igual que el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de aprobación.
¿Qué es la propiedad privada?
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la propiedad privada se reconoce como un derecho fundamental que debe ser protegido por el Estado. Este derecho incluye la posibilidad de poseer, usar y disponer de bienes de manera legal, y debe ser respetado y garantizado por las autoridades.
Sin embargo, aunque la Comisión establece que la propiedad privada se reconoce como un derecho fundamental que debe ser protegido por el Estado, se entiende que “en caso de interés público, y observando la debida indemnización” este derecho puede ser intervenido en cuanto a “poseer, usar y disponer de ella”.
Batres afirmó que con esta reforma se busca eliminar el riesgo que anteriormente existía ante el actual Poder Judicial en instancias como lo son Juzgados de Distrito, Tribunales o Suprema Corte, que puedan interpretar nuevas normas constitucionales a favor de grupos económicos poderosos, omitiendo el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para apoyarse en la disposición local.
Por otra parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila Ventura, mencionó que las reformas en materia de propiedad son fundamentales para elaborar el Programa General de Ordenamiento Territorial y señaló que “[…] la referencia expresa al Artículo 27 constitucional, brinda certeza jurídica a toda la ciudadanía, pues también se trata de refrendar las garantías que ya existen en el uso y aprovechamiento del suelo”.
En palabras de Armando Rosales, presidente de la Representación en la Ciudad de México de la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU), en relación con la nueva reforma se entiende que “[…] por el momento, no se observan riesgos en el tema de expropiaciones, pero [la reforma] sí genera desconfianza en el sector de bienes raíces” (El Economista, 2024) .
La reforma a la propiedad privada en la CDMX es un tema complejo con implicaciones de largo alcance. Si bien su objetivo es clarificar el marco legal y fortalecer el interés público, también genera incertidumbre y preocupación en el sector inmobiliario. Por ello, resulta fundamental seguir de cerca los desarrollos normativos y jurisprudenciales para evaluar el impacto real de esta reforma.
